120 organizaciones crean una plataforma para frenar el “proyecto de destrucción social del Gobierno”

Anuncian el lanzamiento de una Iniciativa Legislativa Popular para un Plan Integral de Cuidados Paliativos

Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad.

Más de 120 organizaciones han creado una plataforma con el objetivo de hacer frente al "proyecto de destrucción social del Gobierno". La constitución de esta plataforma, que nace con vocación de permanencia, pretende mostrar "unidad" en todas las acciones que llevarán a cabo dichas entidades y poner en valor la responsabilidad de la sociedad civil en la vida pública. 

Entre las primeras acciones que presentarán, será el lanzamiento de una Iniciativa Legislativa Popular para solicitar un Plan Integral de Cuidados Paliativos. También realizarán otras propuestas como las de mostrar en el debate público los daños, "falacias e inconstitucionalidad" de la Ley de la Eutanasia.

Algunos representantes de estas organizaciones celebraron ayer su primera Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad moderada por el periodista Javier Nieves: Alfonso Bullón de Mendoza, Presidente de la Asociación Católica de Propagandistas; María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros; Jaime Mayor Oreja, Presidente de la Federación Europea One of Us; Manuel Martínez Sellés, Presidente del Colegio de Médicos de Madrid; Ignacio García-Juliá, Presidente del Foro Español de la Familia; Josep Miró i Ardèvol, Presidente de E-Cristians; Daniel Fernández, Director de Cristianos en Democracia; Alicia de la Torre, Presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida y José Manuel Pagán Agulló, Rector de la Universidad Católica de Valencia. 

Consolidación de otro orden social 

Para esta plataforma, el Gobierno de España, constituido como Frente Popular, está ejecutando desde hace meses un proyecto que pretende la destrucción de un orden social fundamentado en principios y valores cristianos, asentados en la dignidad de la persona humana y que busca la ruptura, el enfrentamiento y la desestabilización social. 

"Este proyecto gubernamental se enmarca dentro de un proceso que busca la consolidación de otro orden social basado en el vacío del relativismo extremo y en la revancha", consideran estas organizaciones. 

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El punto de inflexión de esta destrucción social ha sido la legalización de la Eutanasia, unida al desprecio de un Plan de Cuidados Paliativos, así como la futura ampliación de la Ley del Aborto. 

Obligación de defender la libertad 

 “Desde el compromiso de unidad, de suma y de coordinación, no solo tenemos que llevar adelante esta Asamblea, no solo es la defensa del valor de la vida, por decisivo que sea este, sino que tenemos y tendremos la obligación de defender el valor de la verdad, de la libertad de educación y la libertad religiosa, de la naturaleza y dignidad de la persona humana, del significado profundo de España, del papel histórico de la Monarquía y de la Iglesia en nuestra nación”, ha aseverado Jaime Mayor Oreja. 

Respecto a la respuesta de los médicos ante la Ley de Eutanasia, Manuel Martínez Sellés ha afirmado que la eutanasia no es un acto médico, que quiebra la relación médico-paciente y que se prohíbe explícitamente en el juramento hipocrático y en el código deontológico, además de estar condenada por la Asociación Médica Mundial y el Comité de Bioética.

Para Alfonso Bullón de Mendoza la tramitación de la Ley de la Eutanasia “ignora el sentir de gran parte de la sociedad española. Ignora las necesidades de los enfermos que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad y fragilidad y las de sus familias. Ha pretendido hurtar del debate social la verdadera cuestión que no es otra que la defensa de la vida”.

La sociedad necesita referentes 

Por su parte, María San Gil ha manifestado que en estos momentos tan críticos “la sociedad necesita referentes, argumentos, pedagogía y liderazgo. Todos formamos parte de diferentes asociaciones y fundaciones así que tenemos que ser coherentes y honestos con aquello que defendemos, tenemos que reivindicar nuestro derecho a existir, a pensar y a actuar según nuestros criterios y convicciones. Y tenemos que contar la verdad a una sociedad a la que quieren adormecer y transformar”.

En esta línea también se ha posicionado José Manuel Pagán Agulló quién ha abogado porque las universidades católicas trabajen juntas y compartan "estrategia en la urgente tarea de mantener despierta la sensibilidad ante la verdad y el bien. La defensa de la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural; la libertad religiosa; o el derecho a la educación, entre otras, son las verdades del orden natural que, de manera especial nuestras universidades deben difundir en favor de una sociedad más digna”.