Familia

Padres de Valencia, ante la Ley de Familias: “Sin debate, sin expertos y con urgencia”

La Federación Católica de Padres alerta sobre un anteproyecto “cuyo texto completo se desconoce todavía”

Vicente Morro, portavoz de FCAPA.
photo_camera Vicente Morro, portavoz de FCAPA.

Vicente Morro, portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA), ha subrayado a Religión Confidencial que “los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos y, por tanto, quienes tenemos el derecho y el deber de elegir para ellos lo que consideremos mejor”.

“Esta realidad – ha destacado el portavoz – contrasta con el anteproyecto aprobado de la llamada Ley de Familias, cuyo texto completo se desconoce todavía por la sociedad”.

“La experiencia nos hace desconfiar”

“Por desgracia, la experiencia nos hace desconfiar, y más en cuestiones que afectan a la familia y a sus derechos, de un gobierno demasiado proclive a aprobar sus leyes con el menor debate social posible, sin escuchar a los expertos y por el procedimiento de ‘urgencia’ para eludir todo tipo de controles e informes preceptivos”.

Vicente Morro ha señalado que “la propia secretaria de estado de Igualdad y contra la Violencia de Género habló, hace unos meses, de las urgencias legislativas asumidas por TODO el gobierno ‘ porque sabemos que no vamos a estar este tiempo tenemos también la diarrea legislativa que tenemos, o sea, es como todo el rato intentando hacer muchas cosas no vaya a ser que mañana se acabe’”

El portavoz de FCAPA destaca que  “ reconocen que tratan de hacer «muchas cosas», no de hacerlas bien. Revelador, y a la vez demasiado frívolo cuando hablamos de cuestiones tan serias como derechos fundamentales y libertad”.

Los padres, primeros educadores

“La Federación recuerda a toda la sociedad que los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos y, por tanto, quienes tenemos el derecho y el deber de elegir para ellos lo que consideremos mejor. Este principio se halla expresamente recogido tanto en la Ley Orgánica 8/1985 (LODE, art. 4.2) como en la actual redacción de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE/LOMLOE, art. 1 h bis y q). Por añadidura, nuestro ordenamiento jurídico reconoce expresamente el deber de neutralidad ideológica de las Administraciones Públicas, especialmente en el ámbito educativo (vid. art. 18 de la LODE)”, ha destacado Vicente Morro.

Ha destacado el portavoz de FCAPA que “no pueden, no tienen derecho ni potestad, Celáa, Belarra, Montero o Sánchez imponer a nuestros hijos lo que deben o no recibir en los colegios cuando exceda de los currículums oficiales. A los padres nos asiste el derecho fundamental de que nuestros hijos reciban una formación filosófica, pedagógica, religiosa y/o moral que esté de acuerdo con nuestras propias convicciones”.

Recurso de inconstitucionalidad

“De conformidad con lo establecido en la Constitución Española (art. 27.3), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26.3), la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza (art. 5.1), la Carta Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 14.3) y otras normas nacionales e internacionales de diverso rango. La jurisprudencia de diversos tribunales así lo reconoce también”, ha fundamentado el portavoz que los padres son los primeros educadores.

Si la nueva Ley de “Familias” viola estos derechos deberá ser recurrida por inconstitucional. Para una mejor defensa y protección de estos derechos y libertades seguiremos trabajando, como venimos haciendo, con las organizaciones y entidades que los defienden, especialmente con Foro de la Familia, Mesa por la Educación en Libertad o alternativa cultural NEOS, (grupo de trabajo defensa de la LIBERTAD)”, ha avisado Vicente Morro.

El anteproyecto de ley de Familias, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, equipara los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios, incluye un permiso de cinco días al año retribuidos por cuidado de un familiar o conviviente, extiende los beneficios de familias numerosas a monoparentales con dos hijos y prohíbe que los padres impidan el acceso a contenidos sobre diversidad familiar a través del conocido como 'PIN parental' en los centros educativos. 
 

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