Insultar “maricón” en los colegios está penalizado por las leyes LGTBI

La ley de protección contra la LGTBIfobia sanciona con multas de 200 a 3.000 euros las "expresiones vejatorias", Portavoces de padres señalan que hay que computar a todos "con la misma vara de medir"

Imagen del Word Pride Madrid 2017.
Imagen del Word Pride Madrid 2017.

Los audios que muestran que la ministra de Justicia Dolores Delgado llama “maricón” al hoy ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, está trayendo cola. Además de la tormenta política que ha provocado, algunos colectivos familiares han declarado a Religión Confidencial que a “todos hay que medirles con la misma vara”.

Estos colectivos recuerdan, con desagrado, que las leyes LGTBI impuestas en la mayoría de las comunidades autónomas, sancionan con multas, las infracciones leves o graves contra colectivos homosexuales.

Utilizar expresiones vejatorias

Así, el artículo 70 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid dicen el punto 2: Son infracciones administrativas leves: Utilizar o emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual e identidad o expresión de género o que inciten a la violencia contra las personas o sus familias, en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas o en redes sociales.

Y el artículo 72 señala que las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o con multa de 200 a 3.000 euros. 

Multas sacadas de contexto

“Estas leyes han sacado las cosas de quicio. Un como el de la ministra Delgado, de un niño a otro en un colegio, podría ser sancionado con una multa. Un calificativo de este tipo desde luego no es apropiado, y reiteramos el mayor respeto por todas las personas, pero una multa es sacarlo de contexto”, declara Ignacio García-Juliá, presidente del Foro de la Familia a Religión Confidencial.

Para García-Julia, los límites de la libertad de expresión están en juego. “Estos hechos deberían servir como toque de atención para los legisladores. En estas leyes, la cultura, la intención y el contexto no se contemplan. Un calificativo de este tipo no significa que seas homófobo”, apunta.

Politizando la enseñanza

El presidente del Foro de la Familia insiste, al respecto, en que se está politizando y judicializando la enseñanza. “Recae sobre las espaldas de los profesores mayor responsabilidad. Además de vigilar el comportamiento de los alumnos en un patio, también deben estar atentos a las conversaciones porque de lo contrario, cualquier padre les puede denunciar por no haberse percatado de que a su hijo le han llamado maricón”.

García-Juliá advierte, asimismo, que es incongruente que unos insultos sean sancionados con multas y otros no. “La ley discrimina y, además, recoge un término denominado la inversión de la carga de la prueba, es decir, el acusado debe demostrar que no ha insultado y no al revés”.

Misma vara de medir

Por su parte, Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres, CONCAPA, en relación al insulto de la ministra Delgado, apunta: “Si hubiera sido otro de otro partido quien hubiera insultado con la palabra maricón, la denuncia sería el doble. Hay que medir a todos con la misma vara”, declara a RC.

 

Caballero opina también que estas leyes LGTBI están sacadas de contexto. “De momento no se están aplicando porque hasta ahora no se ha desarrollado el reglamento, al menos eso esperamos, ya que la comunidad de Madrid nos prometió dialogar con nosotros a la hora de aplicar esta ley. Por ahora lo que hay por parte de la comunidad educativa es una labor preventiva”.

Ambos portavoces familiares consideran que estas leyes están causando desconcierto porque se tiene miedo a hablar o no hablar y emitir opiniones, no sea que tachen a uno de homófobo.

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