"La escuela pública andaluza no debe temer a la libertad de elección", afirma el secretario general de la CECE

Rafael Caamaño considera que la huelga anunciada por los centros públicos contra el nuevo Decreto de Escolarización "está politizada"

Rafael Caamaño, secretario general de la CECE-Andalucía.
Rafael Caamaño, secretario general de la CECE-Andalucía.

Más de 100.000 docentes y 12.700 miembros de personal laboral de la enseñanza pública en Andalucía están convocados a una huelga para el próximo 4 de marzo en protesta por el nuevo Decreto de Escolarización de la Junta, aprobado por el Gobierno regional entre PP y Ciudadanos. 

En opinión de los sindicatos y profesores de los centros públicos, este decreto favorece a la escuela concertada en detrimento de la pública. 

En Andalucía, los centros concertados tan solo representan el 20% de la enseñanza. "En los últimos años, el gobierno regional socialista de la Junta no ha concedido conciertos a pesar de haber sido solicitados por varios centros", afirma a Religión Confidencial Rafael Caamaño, Secretario general de la patronal CECE-Andalucía, que aglutina a 425 centros educativos. 

Demanda social 

Caamaño explica que el nuevo Decreto de Escolarización, a pesar de contener mejoras, "no rompe con la filosofía de las normativas anteriores, siendo el avance en las libertades muy limitado y con efectos prácticos muy reducidos a determinadas zonas".

Así, una de las medidas que se ha vuelto a tener en cuenta en este Decreto es "la demanda social, pero de manera muy limitada. La demanda social, una medida que está recogida en la Ley Orgánica de Educación y que se basa en la libertad de las familias para elegir centro educativo, va a quedar sometida a la programación y planificación de los puestos que haga la Administración correspondiente. Entendemos que es la Administración la que debe planificar atendiendo a las prioridades de la sociedad", explica Caamaño. 

Huelga política 

Para el Secretario general de la CECE en Andalucía, la huelga anunciada por la enseñanza pública en Andalucía, es "desproporcionada, política y está ideologizada. El Decreto pretende dar libertad a los padres para que elijan una educación u otra. ¿Y si eligen más la pública? ¿O es que la enseñanza pública tiene miedo a que elijan más a la concertada? Si alguien tiene miedo a que los padres elijan un tipo de educación, es que quizás están forzando a las familias a asistir a la pública, en lugar de que la escojan porque lo hacen bien", explica Caamaño a RC. 

Por esta razón, CECE-A entiende que este Decreto debe acompañarse de una política de atención de la demanda social en los conciertos educativos, especialmente en aquellas etapas donde la
demanda supera la oferta.

Preferencias de las familias 

Así mismo, recuerdan  a la Consejería que en Andalucía la oferta concertada no supera el 20%, siendo junto con Extremadura, de las Comunidades Autónomas con menos oferta de este sector, justificada en una decisión política que nada tiene que ver con las preferencias de las familias.

"La libertad de elección no puede ser nunca una amenaza para ningún sector, todo lo contrario, debe ser un estímulo para mejorar y avanzar, y es un mandato constitucional la obligación que tienen las Administraciones públicas de garantizar el ejercicio de los derechos, en este caso a las familias, cualquier avance en este sentido contará con nuestra aprobación siempre", subraya la CECE-A en un comunicado. 

 

Escuelas Católicas 

Por otra parte, Escuelas Católicas se reunió ayer con la ministra de Educación Isabel Celaá, quienes le reclamaron que durante la tramitación parlamentaria de la nueva ley de educación, prevalezca la sensatez y el diálogo para llegar a una ley de consenso alejada de posturas extremas.

Los representantes de Escuelas Católicas han pedido que la nueva ley tenga en cuenta la libertad de enseñanza y el protagonismo de los padres en la educación de sus hijos, de forma similar a cómo ya se viene haciendo en la mayoría de los países de la Unión Europea.

 

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