Familia

Aumentan las protestas contra la ministra Celaá por imponer ahora la nueva Ley Educativa

Padres y centros denuncian que el Gobierno pretende "seguir introduciendo ideología en las aulas y apartando a las familias del hecho educativo de sus hijos"

Isabel Celaá.
photo_cameraIsabel Celaá.

Las críticas contra la ministra de Educación Isabel Celaá aumentan. Si el pasado lunes, la plataforma "Inclusiva Sí, Especial, TAMBIÉN" denunciaba que el Gobierno aprovecha el estado de alarma para tramitar la ley que elimina la Educación Especial, ahora se han unido la práctica totalidad de la comunidad educativa católica. 

Por una parte, la plataforma Concertados ha denunciado que la prisa del Gobierno por aprobar la LOMLOE es un signo de "déficit democrático". 

"No es comprensible que el Ministerio de Educación trate de aprovechar una situación como esta para acelerar la tramitación de la LOMLOE, sustrayendo a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe preceder a la aprobación de toda ley, especialmente en un asunto tan importante como el educativo", ha denunciado la Plataforma Concertados. 

Esta Plataforma critica que la Mesa del Congreso no quiera aceptar un aplazamiento del trámite de presentación de enmiendas, "una actitud poco elegante y que, desde luego, manifiesta un déficit democrático inadmisible".

Vulnera la libertad de los padres 

Pues bien, a esta denuncia se han sumado también otras entidades del mundo de la enseñanza, como CONCAPA, CEU San Pablo, CEAAAEC, Plataforma Yolibre.org, Fundación Educatio Servanda, Plataforma por las Libertades o Plataforma Libres para Educar a nuestros hijos.

"Las entidades firmantes entendemos que el Gobierno aprovecha el Estado de Alarma para imponer una nueva Ley Educativa, la LOMLOE, al margen de toda la comunidad educativa. A nuestro entender su imposición, no solo contradice el pretendido diálogo al que tanto apelaba la ministra, sino que vulnera la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos", afirman representantes de Educatio Servanda a Religión Confidencial. 

Según estos representantes, "esta Ley tiene indignada a la comunidad educativa por no contar con ella, elimina la educación especial, limita al máximo la libertad de educación, la de elección de los padres y la libertad religiosa-moral, al mismo tiempo que suprime la “demanda social” que es la verdadera garantía de libertad de las familias, presionando aún más a la red de iniciativa social -centros sostenidos parcialmente con fondos públicos “concertados”- que han sido vitales para vertebrar, estas últimas décadas, la educación de nuestro país". 

Ni buscan ni quieren el consenso 

Según la nota de prensa difundida por estas entidades "las medidas promovidas por el Gobierno actual ni buscan ni quieren el consenso. Lo único que pretenden es aprovechar la situación para seguir introduciendo ideología en las aulas y apartando a las familias del hecho educativo de sus hijos. Es decir, sin el mínimo pudor y respeto por el sufrimiento social originado por la pandemia del COVID-19, que además se ha cobrado decenas de miles de muertos, nuestros gobernantes siguen buscando sus propios intereses ideológicos". 

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