Padres católicos acusan a Ximo Puig de manipular la realidad
La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA) sigue considerándose “ninguneada” y atacada por el Gobierno valenciano y pide que se reconozca la legalidad y la jurisprudencia sobre la enseñanza concertada.
Según ha manifestado Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA), “ni nos recibe el conseller de Educación ni el presidente de la Generalitat, pese a las 40.000 personas que en la manifestación del 6 de mayo en Valencia pidieron la libertad de enseñanza y, por tanto, la continuación de los conciertos escolares como un derecho”.
“Pero es que, además, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insiste en que la concertada es un privilegio, y eso es falso, aunque también lo repitan otros líderes políticos que gobiernan con los socialistas, como es el caso de los líderes de Compromís, Mónica Oltra – y vicepresidenta del Consell – y Vicent Marzá – conseller de Educación -, faltando a la verdad”, afirma Vicente Morro.
Para Morro es “un grave problema en la educación valenciana, con un presidente Puig con nula voluntad de diálogo e intentando confundir al hablar falsamente de “privilegios”, en vez de derechos de las familias, manipulando la realidad”.
Para el representante de los padres católicos que quieren una enseñanza para sus hijos en centros concertados, “el Gobierno valenciano ignora las sugerencias del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo valenciano), las recientes sentencias del Tribunal Supremos y la Constitución”.
En particular, rechaza el planteamiento de que “la concertada sea subsidiaria de la escuela pública, de manera que se supedite la concertada al criterio de que haya o no plazas en la pública, y las sentencias del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2008, 18 de enero de 2010 y 25 de mayo de 2016 – entre otras -, que la consideran complementaria y necesario atender a la demanda social, de acuerdo con el ordenamiento jurídico”.
Por otra parte, Vicente Morro aplaude la decisión del PP valenciano de “comprometerse a favor de la enseñanza concertada, recuperando el concierto para las aulas a las que se les ha retirado y de derogar el denominado decreto “plurilingüe” que impone el valenciano en perjuicio del castellano”, a diferencia del actual gobierno tripartito de izquierdas – gobiernan socialistas y Compromís, con el apoyo de Podemos – “que prescinde de derechos, impone ideología y hace caso omiso de la jurisprudencia”.
