Una diócesis como la de Oviedo aportaría unos 100.000 euros al año por el tributo, según expertos eclesiales. El IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) siempre llama al timbre, e incluso a puertas donde sistemáticamente es devuelto por razones legales. Por extraño que parezca, ayuntamientos como el de Oviedo remiten periódicamente al Arzobispado y a la Iglesia los recibos de la antiguamente conocida como «contribución urbana» -cuyos resguardos guardaban con orgullo los vecinos como prueba fehaciente de que el piso era suyo-. Una vez recibidas las facturas del IBI, en las dependencias eclesiásticas hay un oficial de la curia diocesana que prácticamente se dedica en exclusiva a devolver uno tras otro los recibos con su correspondiente recurso al amparo de los Acuerdos España-Santa Sede de 1979 o de la ley de Mecenazgo -de incentivos fiscales-, promulgada
