El organismo de control financiero vaticano ya tiene presidente y consejo directivo
Con el nombramiento del cardenal Attilio Nicora como Presidente del Consejo Directivo de la Autoridad de Información Financiera (AIF) se pone en marcha el plan para prevenir actividades económicas ilegales en el Vaticano.
El cardenal Nicora desempeña actualmente el cargo de Presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), cuya tarea es administrar los bienes que son propiedad de la Santa Sede, destinados a proveer de los fondos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Curia Romana.
Benedicto XVI también ha designado cuatro miembros del Consejo Directivo de la AIF: el profesor Claudio Bianchi, ex catedrático de Contabilidad de la Universidad La Sapienza de Roma (Italia); el abogado Marcello Condemi, profesor asociado de Derecho de la Economía en la Universidad G. Marconi de Roma; el profesor Giuseppe Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, Rector Magnífico de la Universidad LUMSA (Roma, Italia) y Cesare Testa, ex Presidente del Instituto Central de sustento del Clero.
Ante el problema de incompatibilidad por el hecho de que Nicora sería controlador (como presidente de la AIF) y al mismo tiempo controlado, en cuanto presidente del APSA, institución de la Santa Sede que cae bajo el control de la autoridad de vigilancia, se ha decidido resolver el problema de esta manera: cuando el consejo directivo de la AIF se ocupe de cuestiones relacionadas con el APSA, el cardenal se abstendrá y no participará en el debate y en el voto.
El pasado 30 de diciembre, el Papa instituía con un Motu Proprio la Autoridad de Información Financiera como ente ligado a la Santa Sede, confiriéndole personalidad jurídica canónica pública y personalidad civil vaticana.
Este organismo autónomo e independiente tiene tareas de prevención y contraste del reciclaje y de la financiación del terrorismo en relación con cualquier sujeto, persona física o jurídica, ente y organismo de cualquier naturaleza del Estado de Ciudad del Vaticano, de los dicasterios de la Curia Romana y de todos los organismos y entes dependientes de la Santa Sede.
Por otra parte, se delega a los competentes órganos judiciarios del Estado de la Ciudad del Vaticano para que ejerciten la jurisdicción penal sobre los sujetos antes mencionados por delitos de lavado de dinero y de financiación del terrorismo.
La AIF tiene como cometido emanar disposiciones de desarrollo, indispensables para garantizar que los sujetos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad Vaticano respeten las nuevas e importantes obligaciones de anti-reciclaje y de anti-terrorismo a partir del 1 de abril de 2011, fecha de entrada en vigor de la ley.
Por Alfonso Bailly-Bailliére
