Ley Trans: los diez puntos de los obispos ante la imposición de una única concepción antropológica

La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, presidida por el obispo de Canarias, D. José Mazuelos Pérez, ha alzado la voz ante la nueva Ley sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y ante la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

Antropología dudosa

"Manifestamos nuestra preocupación que un gobierno adopte por ley la imposición de la ideología de género, incluso la imposición de una antropología dudosa", ha afirmado Mazuelos en un vídeo de la Conferencia Episcopal. 

Ya lo advirtió Mazuelos en una entrevista concedida a Religión Confidencial:  “Esta ley engaña y manipula a los niños. El protocolo holandés de la Disforia de Género en la infancia aborda primero problemas emocionales y conductuales antes que modificar la identidad de género”. 

Pues bien, de nuevo la Subcomisión de Familia, conocedores de que van a recibir muchas críticas pero también, el agradecimiento de muchos fieles, advierte de que estas leyes "nos llevan a reivindicar de nuevo, por desgracia, el respeto a la dignidad e igualdad de todos los seres humanos, y sobre todo a la libertad de expresión y de objeción de conciencia de los profesionales", señala Mazuelos. 

Con esta nota publicada por los obispos, la Iglesia quiere tender la mano a tantas familias, madres y menores que "están sufriendo y van a sufrir las consecuencias de una ley que viene a imponer una ideología y no buscar el bien de las personas", dice el obispo de Canarias, médico y experto en bioética. 

Los diez puntos de la antropología adecuada 

Ante este horizonte de colonización ideológica queremos recordar la antropología adecuada que nos muestra que la persona es la unión de cuerpo y alma, siendo el cuerpo un bien de la creación y expresión de la persona. Desde este fundamento sólido los obispos lanzan diez puntos argumentativos: 

1.- Son muchos los testimonios de familias, madres, jóvenes y adolescentes que han sufrido las consecuencias que produce la llamada teoría queer o teoría del gender. A todos ellos queremos mostrar nuestro apoyo y ayuda y tenderles la mano para iluminar la perversión de una legislación ideológica.

2.- Es preocupante la implicación directa de la Administración y de los poderes públicos en la promoción de los postulados de la ideología de género. Un estado democrático no puede imponer una peculiar y reducida visión antropológica en todos los ámbitos: educativo, jurídico, sanitario, laboral, en los medios de comunicación, en la cultura, el deporte y el ocio.

Número de adolescentes que piden cambio de sexo 

3.- Es llamativo que se haya incrementado considerablemente el número de adolescentes que piden cambiar de sexo sin presentar una auténtica disforia de género, sino como manifestación de inestabilidades afectivas propias de esa edad. Todos los estudios científicos coinciden en que más del 70% de los niños que piden cambiar de sexo, cuando pasan la adolescencia, no siguen pidiendo el cambio.

4.- La despatologización de la transexualidad se identifica con favorecer una intervención médica, pero sin criterios médicos, sino con criterios subjetivos del paciente. Despatologizar significaría poder solicitar y aplicar tratamiento médico e incluso quirúrgico de forma arbitraria, obligando al personal sanitario a obedecer los deseos de los pacientes, aunque ello conlleve graves riesgos para la persona. Estamos ante un ejemplo claro de irracional dogmatismo ideológico.

Negación a un tratamiento psicosexual 

5.- Se regula por ley que la transexualidad es fruto de una elección de la identidad de género, evitando que la ciencia, a través de la medicina, estudie y determine el tratamiento más aconsejable. Podemos decir, por tanto, que se niega la posibilidad de tratamiento psicosexual e incluso la necesidad de obtener un diagnóstico de las personas con trastorno de identidad de género, confundiendo el diagnóstico médico con un intento de anulación de la personalidad.

6.- No se puede decir que la reasignación de sexo hormonal y quirúrgico soluciona los problemas que conlleva los trastornos de disforia. Son muchos los testimonios de personas que se han sometido a la reasignación y no han visto solucionado su situación. Igualmente hay que valorar bien los tratamientos y explicar las secuelas, los efectos secundarios y las complicaciones de los mismos.

7.- La comunidad cristiana y, en particular, los pastores debemos desarrollar, siempre, sentimientos de acogida hacia las personas con disforia de género, a quienes les asiste el derecho a ser respetados y a ser tratados con los medios lícitos puestos a disposición por la medicina para conseguir el nivel de salud física, psíquica y relacional más alto y satisfactorio que sea posible, en los límites de su condición y en el respeto pleno de la verdad y de la dignidad humana.

Denunciar el uso de tratamientos prematuros 

8.- Los fieles que se encuentran en esta situación son hijos amados del Padre, y como cualquier otro fiel se han convertido, a través del bautismo, en herederos de la vida eterna. Ellos están llamados por Jesucristo a la santidad y a realizar, animados por el Espíritu Santo la voluntad de Dios en sus vidas, uniendo al sacrificio de la cruz los sufrimientos y las dificultades que puedan experimentar a causa de su condición.

9.- Hay que alzar la voz con fuerza y denunciar el uso de tratamientos prematuros e irreversibles aún más cuando no se está seguro de la existencia de una auténtica Disforia de Género. Las actuaciones médicas que se lleven a cabo en los menores, después de una serena reflexión, nunca deben ser de carácter irreversible dada la incertidumbre sobre los cambios que pueden darse en el desarrollo de la personalidad durante las fases de la pubertad y la adolescencia.

10.- Hay que respetar la libertad de conciencia y de ciencia a todos los profesionales de los diversos ámbitos de la vida social sin condicionar el desempeño profesional en libertad. Nos preocupa que se quiera imponer un adoctrinamiento que condicione el desempeño profesional en el campo educativo, sanitario, función pública, judicatura, cultura, medios de comunicación.