El decreto de los obispos sobre protección a menores establece un modo de proceder en todas las diócesis

Los trabajos de la Conferencia Episcopal Española para la protección de menores y personas vulnerables van a toda marcha y se están convirtiendo en un referente para la Iglesia universal.  No solo en lo que respecta a la Conferencia Episcopal, también en las diócesis, como ha podido comprobarse con las recientes iniciativas de Bilbao y Córdoba, y en las congregaciones religiosas, entre otras, de los Jesuitas, Marianistas y Salesianos.

La Conferencia Episcopal Española está ultimando el esperado “Decreto General sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables”.

El próximo día 7 de noviembre se reunirá la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos para darle el visto bueno previo a su paso por la Asamblea General de los obispos del mes de noviembre. Posteriormente se enviará a Roma para su Recognitio. Llegará después la implantación en todas las diócesis e instituciones de la Iglesia en España, que tendrán que adaptar sus normas al Decreto.  

Indicación de la Santa Sede 

Si bien la Santa Sede ha pedido a los obispos españoles que no hagan público el Decreto antes del Vademecum vaticano sobre esta materia, que está  a punto de promulgarse, la alta coincidencia de lo que va a determinar Roma con lo que ha elaborado la Comisión española contra la pederastia hará que el Decreto de los obispos españoles pueda aplicarse en breve. De hecho, varios miembros de la Comisión han estado en permanente contacto con la Santa Sede durante los trabajos del Decreto.

Religión Confidencial ha tenido acceso al último borrador del Decreto.

Con un preámbulo y cinco capítulos, el Decreto de la Conferencia Episcopal Española “contribuye a reforzar el compromiso institucional y normativo de la Iglesia Católica en España para afrontar, en plena sintonía con la Iglesia universal, los abusos contra los menores y las personas vulnerables. Garantiza un modo de proceder unitario en todo el territorio, por cuanto contiene mecanismos jurídico-procesales obligatorios y vinculantes para todos los obispos diocesanos, y también, dentro de su propio ámbito y respecto de sus miembros, para los superiores mayores de los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica clericales”, tal y como se afirma en el preámbulo.

Derecho a la víctimas 

Más adelante se añade que “a todos los que afirmen haber sido víctimas de abuso, y a sus familiares, se reconoce el derecho a ser acogidos, escuchados y acompañados, y se les ofrece una atención pastoral apropiada, así como, si es el caso, el correspondiente apoyo médico, psicológico y legal. A los denunciados se les garantiza un proceso justo, respetuoso de los principios de legalidad, de presunción de inocencia y de proporcionalidad entre el delito y la pena. Se garantiza, asimismo, el derecho a la restitución de la buena fama de quien haya sido acusado injustamente”.

Respecto a las relaciones con la justicia civil, el Decreto insiste en que “teniendo en cuenta que las conductas a las que se refieren estas normas, castigadas por el Derecho canónico, pueden también encontrarse tipificadas penalmente en el ordenamiento del Estado. Se reafirma el principio de colaboración de la Iglesia con la justicia civil, y, en particular, el compromiso de las autoridades eclesiásticas de respetar el derecho de las víctimas a denunciar ante las autoridades estatales, e incluso de alentar el ejercicio de ese derecho, dentro del más exquisito respeto de la decisión que estas, en conciencia, puedan tomar”.