Lo que está haciendo la Iglesia para que se respete la libertad de enseñanza en el Pacto Educativo
Los obispos han constituido la mesa de unidad eclesial para redactar un gran documento que se presentará en la subcomisión parlamentaria
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha celebrado su 240ª reunión. Uno de los temas principales que han debatido los obispos españoles ha sido sobre la situación de la Enseñanza de Religión en España en el proceso del Pacto Educativo, del que se ha elaborado un informe aunque, de momento, no se ha hecho público.
En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Permanente, el secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo, ha anunciado que los obispos españoles han creado una “mesa de la unidad eclesial” de la que forman parte distintas organizaciones católicas.
Esta mesa eclesial que se ha constituido para el diálogo educativo de cara a negociar en equidad el Pacto Educativo, está presidida por el cardenal Ricardo Blázquez y forma parte de ella el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, monseñor César A. Franco. También intervendrán el propio Gil Tamayo, delegados de enseñanza y representantes de organizaciones de padres como Cofapa, Concapa, y asociaciones familiares como el Foro de la Familia además de la Fundación Escola Cristiana de Cataluña o la docencia universitaria.
La primera reunión de esta mesa eclesial tendrá lugar el próximo 2 de marzo y tendrá como objetivo definir la posición de la defensa de la enseñanza católica en el Pacto Educativo.
Esta mesa de unidad eclesial se constituye después de que la comisión episcopal de enseñanza haya escuchado a distintos representantes de la enseñanza religiosa, entre ellos la central sindical independiente que cuenta con 109 delegados sindicales de religión, con el sindicato Feuso que cuenta con 110 delegados, con ANPE, (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza) que cuenta con 136 delegados, con la Asociación profesional de profesores de Religión, que imparten clase de religión en colegios estatales públicos, que cuenta con 75 delegados.
Gil Tamayo ha anunciado que la CEE no está citada como tal en la Subcomisión educativa que se ha constituido en el Congreso de los Diputados para debatir sobre el pacto Educativo, pero que la Iglesia católica estará representada por organismo como Concapa o Cofapa y sindicatos de profesores de religión.
La Concapa prepara un gran documento
En esta línea, Pedro Caballero, presidente de la Confederación Nacional Católica de padres de familia ha anunciado a Religión Confidencial que a mediados de marzo comparecerán en dicha subcomisión parlamentaria.
“Estamos diseñando un gran documento para que se respete la libertad de los padres, la libertad de enseñanza y la asignatura de religión en los colegios, una asignatura que debe ser de oferta obligatoria y de elección voluntaria. Este documento queremos que sea consensuado con todas las asociaciones vinculadas a la enseñanza católica”, afirma Caballero.
De la misma opinión es Gil Tamayo: “El Pacto Educativo es un clamor que están pidiendo muchas estancias sociales, entre ellas la Iglesia Católica y los obispos españoles. Se trata de poner estabilidad y serenidad”.
En este sentido, Tamayo considera que las deficiencias en nuestro sistema educativo han sido provocadas, en parte, por las distintas leyes que apenas se han puesto en práctica, lo que ha ocasionado una “continúa provisionalidad el sistema educativo”.
Distintas instancias ideológicas
Al mismo tiempo, en opinión del portavoz de la CEE, afloran “instancias ideológicas o de oportunidad política que deberían estar al margen de lo que es exigencia y responsabilidad común de todos y que tendría que ser concordado por todos”.
De cara al Pacto Educativo, la Iglesia quiere hacer su aporte desde la “unidad que no es uniformidad” porque “tiene un peso en el sistema educativo”, ha subrayado Tamayo. Su peso está avalado por los más de 2.600 centros católicos con 123.000 trabajadores y alrededor de 1,5 millones de alumnos que hay en España.
Gil Tamayo ha insistido en que los colegios concertados católicos suponen un ahorro al Estado al mismo tiempo que la libertad de enseñanza es un derecho recogida en la Constitución y la libertad de enseñanza católica está arropada y avalada por marco jurídico que es la Constitución y el derecho internacional.