Camino recuerda a los políticos católicos "el pecado público" que supone apoyar el aborto y niega que la Iglesia quiera que las mujeres vayan a la cárcel
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, recordó este miércoles la responsabilidad que acompaña a los políticos católicos ante la nueva Ley del Aborto que se debate en el Parlamento. "No pueden aprobar ni dar su voto", dijo, a leyes en contra de la vida, ya que caerían en "pecado público". Afirmó que "la Iglesia está al lado de las mujeres, y no quiere que vayan a la cárcel".
En la primera sesión de los Desayunos Informativos CEU con el título "Defensa de la vida", Martínez Camino explicó que quienes defienden una legislación abortista están "en situación objetiva de pecado", y quedan separados de la comunión. Refiriéndose a los profesionales sanitarios, puntualizó que aquéllos que colaboren "directamente" en la práctica del aborto quedarán excomulgados.
El portavoz de los obispos insistió en que la posición de la Iglesia respecto del aborto es la de apoyo y “comprensión” con las mujeres “que se encuentren en la situación de pensar que el aborto es una solución”. Un pensamiento, dijo, al que, en muchas ocasiones, las mujeres llegan “arrastradas” por la presión de “una fuerte opinión pública favorable al aborto y favorecida por algunas leyes”, observó.
“No queremos que las mujeres vayan a la cárcel”, afirmó Camino. "La mujer debe ser tratada según las circunstancias”, ya que para ello existe un régimen penal “graduado”, matizó. Y denunció que hay que buscar la responsabilidad de “los que se lucran con la industria del aborto, los que obligan a la mujer con su violencia o los que tratan el origen de la vida de una forma irresponsable”.
Reacciones políticas
Representantes políticos del PSOE, IU, o ERC valoraron las palabras del portavoz de la CEE como una interferencia de la Iglesia en los asuntos legislativos. El número dos del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Madina, llegó a calificar las declaraciones de Camino como "amenazas de hace 60 años".
Desde el Partido Popular, Celia Villalobos, recordó la separación "clarísima" entre la Iglesia y la política, y admitió que se trata de una cuestión "de los católicos y de la Iglesia católica". Por su parte, el diputado popular Jorge Fernández Díaz, defendió que "quienes tienen autoridad para definir qué es ser católico y qué requisitos deben cumplirse para comulgar tienen el derecho y el deber de decirlo".
